Vicente Magro Servet. El Gobierno ha anunciado que en breve aprobará el Registro Central de inquilinos morosos del alquiler, una propuesta que hemos realizado en reiteradas ocasiones desde la Audiencia Provincial de Alicante y que defendí en el mes de mayo de 2009 en un Congreso de Administradores de Fincas celebrado en Oviedo con asistencia de 400 congresistas.
Es esta una iniciativa que debe enmarcarse no en la idea de criminalizar la situación del inquilino, sino de evitar que sean los arrendadores de inmuebles, quienes ponen en circulación y en el mercado de alquiler sus pisos, los que tengan que cumplir en suministrar el derecho de acceso a la vivienda que tiene toda persona. Porque los propietarios de inmuebles arriendan sus locales para cobrar por ellos una renta que, incluso, sirve en la mayoría de los casos para hacer frente a los gastos de todo tipo que les supone las mismas, o simplemente por el derecho a obtener un rendimiento de un inmueble que en algunos casos siguen pagando al banco y que han adquirido para sacarle una rentabilidad. Y es que uno de los motivos por los que muchas personas no se atreven a poner en alquiler su inmueble es porque se sigue sin confiar en la agilidad que se ha anunciado del sistema del «desahucio expres», pero no por las bondades del sistema nuevo, sino porque los juzgados están repletos de asuntos de nuevo ingreso y cada vez es más difícil cumplir los plazos que marcan las nuevas leyes que se aprueban con la sana intención de agilizar los procedimientos.
Pero en materia de arrendamientos urbanos resulta que, aprovechándose de la escusa de la crisis, existen algunas personas que están viviendo en el régimen de alquiler abonando solo dos mensualidades y dejando de pagar el resto de inmediato obligando al arrendador a acudir al juicio de desahucio. Y es que si entráramos a analizar la «reiteración» en el impago de rentas de algunas personas comprobaríamos la cantidad de las que constan repetidas en muchos juzgados de los partidos judiciales.
La idea es la de crear un registro en donde se hicieran constar las anotaciones referidas a aquellas sentencias judiciales en donde una persona hubiera sido condenada por un procedimiento de desahucio por falta de pago, y tiene una finalidad claramente preventiva tendente a conseguir que los arrendadores que ponen en circulación su inmueble tengan garantías adicionales a la hora de arrendarlo a un tercero que, aunque en apariencia pueda demostrar cierto índice de solvencia, vaya a dejar de pagar a los pocos meses de haberlo ocupado. Con ello, llegado el caso de que una persona se planteara arrendar su inmueble y pudiera tener conocimiento de que el interesado en contratar el arrendamiento fuera uno de los que están inscritos en ese registro que se propone se ahorraría el procedimiento judicial posterior si pudiera conocer sus antecedentes, al haber sido ya condenado por falta de pago de la renta, y, a sensu contrario, tendría más tranquilidad de conocer que quien desea contratar el arrendamiento no tiene antecedentes por falta de pago de la renta, ya que lo que se propone es la posibilidad de obtener los arrendadores certificados negativos de la constancia en el registro central de inscripción de sentencias firmes de desahucio mediante el conducto de los organismos o instituciones a los que se pueda habilitar para interesar al registro la información negativa antes expuesta. Las ventajas de la implantación del registro son enormes y es que este sistema introduce en el parque del arrendamiento nacional la posibilidad de que los arrendadores que prefieren dejar su inmueble cerrado sin arrendar lo pongan en circulación y con ello se incremente la oferta de inmuebles en alquiler y un reforzamiento de las garantías en el arrendamiento para que los arrendadores tengan la inicial seguridad de que quien con él quiere contratar no tiene antecedentes por morosidad arrendaticia.
El registro se asemeja a otros que existen en la actualidad y que tienen una finalidad preventiva y de control en materia de incumplimientos. La actual desconfianza que tienen los arrendadores es lógica, habida cuenta que por muchas reformas procesales que se introduzcan y que siempre vendrán muy bien para intentar agilizar la tramitación de los juicios por desahucio por falta de pago, siempre será mejor que el arrendador evite contratar con aquellas personas que ya han demostrado que han obligado a otros arrendadores a solicitar el auxilio judicial para recuperar la posesión de su inmueble. No se trata de inscribir en este registro a quien deje de pagar las rentas de un inmueble, sino a quien obliga a los arrendadores a tener que acudir a la justicia para que se les obligue a entregar la vivienda o local de negocio al arrendador. El acceso a este registro que se propone crear lo será para quien deje de abonar sus rentas pactadas y sin pactar la entrega con el arrendador le obstaculice la recuperación de su piso o local. Y quien quiera ser dado de baja en el mismo tendrá la opción de abonar lo que debe para poder estar en situaciones de poder alquilar. Es el Estado, no los arrendadores el que debe vigilar de que todos los ciudadanos tengan derecho a la vivienda. No lo olvidemos.