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El cambio a las nuevas frecuencias de la TDT cuesta entre 100 y 450 euros

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La adaptación que miles de viviendas santacruceras tendrán que hacer en sus instalaciones si quieren seguir viendo todos los canales de la TDT costará entre 100 y 450 euros. Esta adecuación forma parte del proceso llamado liberación del Dividendo Digital, que comenzará el próximo día 25. Este procedimiento consiste en realizar una reordenación de la frecuencia de algunos canales de la televisión digital para dejar libre una parte del espectro radioeléctrico, por el que ahora se reciben señales de televisión, para que pueda ser utilizada por la telefonía móvil 4G.

Sin embargo, esta medida no afecta por igual a todos los hogares. “No se trata de un nuevo apagón analógico”, afirma el presidente de la Asociación de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones de Canarias, Julio Pérez, “es un procedimiento que será más o menos complicado dependiendo del tipo de vivienda y de receptor que se tenga instalado”.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha aprobado la concesión de 280 millones de ayudas para compensar a las comunidades de vecinos que tengan que hacer cambios en su sistema de recepción. Sin embargo, para optar a estas ayudas la instalación deberá estar a cargo de una empresa homologada y seguir una serie de requisitos.

A quién afecta. No todos los hogares de la capital tendrán que hacer las mismas modificaciones. Las casas terreras, unifamiliares y los edificios de menos de dos plantas solamente deberán resintonizar sus televisores para que se reordenen los canales que han cambiado de frecuencia. El procedimiento en los edificios que compartan un mismo sistema de recepción para varios vecinos, como es el caso de los de más de dos plantas, deberán ponerse en contacto con una empresa autorizada para realizar los cambios.

Modificaciones. No se tendrá que cambiar el televisor ni la antena. La adaptación de los aparatos receptores dependerá del sistema que utilice cada inmueble. Para aquellos que cuenten con una centralita programable, el instalador deberá reprogramarla para el rango de canales afectados; los inmuebles que dispongan de un amplificador monocanal, tendrán que sustituir los amplificadores de los canales afectados por la liberación del dividendo digital, para seguir recibiendo correctamente los canales.

Procedimiento. “Para poder optar a las ayudas que ha prometido el Gobierno es muy importante que las comunidades de propietarios sigan una serie de pasos”, afirmó Juan Setiem, administrador de fincas colegiado. En primer lugar, la comunidad de vecinos deberá disponer de CIF y una cuenta bancaria propia. Siempre se deberá contratar a una empresa que esté autorizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para hacer la reparación. Será necesario aportar la factura, el boletín de instalación que la empresa está obligada a dar y un documento que acredite que la cuenta bancaria es de la comunidad. Todos los documentos deberán aportarse en formato digital, ya que la concesión de las ayudas solo se tramitará a través de internet.

Empresas. Para garantizar que a posteriori se pueda optar a las compensaciones, la empresa que realice el trabajo en el inmueble debe estar incluida en el Registro de Empresas Instaladoras de Comunicaciones, que se puede consultar a través de la página web www.televisiondigital.es. En Santa Cruz existen 43 compañías inscritas en el registro que cuentan con la homologación de Industria para llevar a cabo los trabajos.

Plazo. El calendario para realizar los cambios comenzará el próximo día 25. En este momento las cadenas de televisión empezarán a emitir los canales en sus nuevas frecuencias. A partir de ese momento, las comunidades de vecinos podrán empezar a llamar a los instaladores para hacer las modificaciones necesarias en sus aparatos de recepción. Sin embargo, hasta el 31 de diciembre las emisiones se mantendrán en las frecuencias antiguas para dar tiempo a que las comunidades de propietarios que tienen que hacer cambios contacten con los instaladores.

El Administrador de fincas, Juan Setiem, afirma sentirse preocupado porque la agenda que va a llevar la liberación del dividendo digital es “muy apretada”. “No ha habido información hasta ahora, llevamos meses preguntando y el plazo que queda es muy poco. Por la experiencia que tuvimos con el apagón analógico sabemos que el mercado quedó desabastecido de las piezas necesarias y los instaladores no daban abasto. Esto puede volver a pasar”, sentenció.

Ayudas. El Gobierno estatal destinará 290 millones de euros a pagar a las comunidades de propietarios que tengan que financiar las modificaciones en sus aparatos receptores comunitarios. Las comunidades deberán adelantar el dinero que dependerá de qué tipo de adaptaciones haya que hacer en sus aparatos. Las ayudas del Ejecutivo no superarán los 450 euros para los cambios de los equipos monocanales, y serán de 100 euros donde haya instalaciones de centralitas programables. No se subvencionarán nuevas instalaciones de estas últimas centralitas. “En un principio el Gobierno habló de destinar 800 millones para esta operación, finalmente serán solo 290. No ha habido una información clara respecto a la tramitación de la subvención”, resaltó Setiem.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones de Canarias, Julio Pérez, considera que puede haber presupuestos que se encuentren por encima de los máximos establecidos por el Ministerio que dirige José Manuel Soria, “sobre todo si se trata de instalaciones viejas en las que haya que cambiar cableado u otros materiales”.

Fuente: La Opinión de Tenerife

 

Más de 50.000 comunidades de propietarios tendrán que hacer cambios en sus antenas de televisión

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El presidente de la Asociación de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado este viernes que un total de 52.424 comunidades de propietarios de las islas tendrán que hacer cambios en las instalaciones de televisión para poder seguir viendo la TDT como hasta ahora.

Así lo ha avanzado en el transcurso de la jornada informativa organizada por el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife para conocer los cambios y costes que se derivarán del denominado ‘Dividendo Digital’.

El ‘Dividendo Digital’ es un cambio en las frecuencias que vienen utilizando los canales de la TDT para incorporar la tecnología 4G, explicó el otro ponente de esta jornada, Carlos Medina, vocal del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Canarias, quien no ocultó que dicho cambio “será más complejo en las zonas rurales”.

El presidente de las empresas instaladoras indicó que el coste aproximado de los cambios que habrá que realizar, en una vivienda media de unos 20 vecinos, puede suponer unos 22 a 24 euros por hogar, que tendrán que adelantar las comunidades hasta recibir las ayudas del Gobierno central, que ha comprometido un presupuesto de 290 millones de euros para realizar el nuevo despliegue tecnológico en toda España.

Estas ayudas, en todo caso, no superarán los 450 euros para los cambios de los equipos monocanales, y serán de 100 euros donde haya instalaciones de centralitas programables.

No se subvencionarán nuevas instalaciones de estas últimas centralitas y también aclaró que hay ayudas a las comunidades autónomas para modificar los equipos de los repetidores locales.

Las ayudas las recibirán exclusivamente las comunidades de propietarios, a través del correspondiente CIF, y que hayan contratado a empresas habilitadas para efectuar los cambios que requieren los equipos e inscritas en el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria.

“A 31 de diciembre deberán estar hechas todas las adaptaciones e instalaciones necesarias si se quiere seguir viendo la televisión como se hacía hasta ahora”, advirtió el técnico, quien no ocultó que los tres meses escasos que quedan para el ‘apagón’ dará “muchos problemas a los instaladores y a ustedes como administradores de fincas”.

EL 25 DE OCTUBRE, PRIMERA FECHA CLAVE

Por su parte, Carlos Medina se refirió a los aspectos técnicos del ‘Dividendo Digital’, que afectará especialmente a los edificios con amplificadores monocanal, mientras que la afección será menor o nula en viviendas unifamiliares o viviendas pequeñas que disponen de otro tipo de equipos, a los que sólo habrá que hacer un “ajuste”.

El ingeniero técnico de Telecomunicaciones explicó que antes del próximo 25 de octubre tendrán que estar adaptados todos los repetidores generales, mientras que advirtió de que en las localidades rurales que dependen de repetidores locales o del Gobierno de Canarias, “ahí el cambio será más complejo”.

De hecho, en torno a esa fecha es probable que los usuarios tengan que resintonizar sus televisiones para seguir viendo algunos canales de la TDT.

Carlos Medina insistió en que los cambios en las instalaciones las realicen siempre profesionales si se quiere “que funcionen bien y duren muchos años”, por lo que la única manera de que sea así es que “sean empresas homologadas”.

El ingeniero aprovechó para reclamar a las comunidades que realicen inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones y pidan los proyectos técnicos que ello requiere, porque minimizan problemas, máxime cuando se está en plena revolución tecnológica, “y al final añaden valor a nuestro edificio”.

Fuente: www.diariodeavisos.com

 

Si quiere seguir viendo la tele, modifique ya su TDT

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El 1 de enero los canales de televisión migrarán para dejar espacio a la telefonía 4G y para resintonizarlos habrá que adaptar la antena.

Quedan menos de tres meses para que los canales de la televisión digital terrestre (TDT) cambien de banda y dejen su espacio al 4G de la telefonía móvil, sin embargo, son muy pocas las comunidades de propietarios que están al tanto de esta decisión del Gobierno central que conllevará un desembolso de alrededor de 450 euros por edificio, debido a las modificaciones que obligatoriamente habrá que hacer en la antena.

“Al entrar el 4G, esas frecuencias de banda ancha tienen que dejarse libres y ahí es donde ahora mismo están metidos casi todos los canales de la TDT que tienen que modificarse. El problema es que hay muchas dudas porque las compañías de telefonía móvil, en su momento, pagaron 800 millones de euros por el denominado “dividendo digital”, pero el gobierno se ha gastado el dinero en otras cosas y ahora lo que dicen es que van a crear ayudas para las comunidades con 200 millones de euros, pero serán únicamente ayudas puntuales, no se va a hacer cargo de todos los costes”, explicaba ayer -en unas jornadas organizadas por el Colegio de Administradores de Fincas- el presidente de Asociación Canaria de Telecomunicaciones, Julio Pérez, que estima el coste medio de la instalación en los 450 euros (más la mano de obra) y siempre dependiendo de las características de cada comunidad.

“El equipo de cabecera de televisión tiene que ser modificado para eliminar los canales, trasladarlos y poner los nuevos. Hay comunidades que tienen los monocanales antiguos y entonces no solo se quitarían los tres módulos antiguos sino todos y para eso se requerirá una medición previa técnica y un presupuesto que la empresa que se contrate tendrá que definir”, añade el experto que considera que “si se logra cambiar en todas las viviendas a tiempo sería milagro” y que solo hay una oportunidad de conseguirlo “si se empieza desde ya”.

Por su parte, el vocal del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Canarias, Carlos Medina, confirmó que “no se es consciente de la complejidad del cambio” y alerta de que habrá problemas de interferencias.

“Lo peor será en las zonas rurales porque allí actualmente no se emiten los canales de la banda baja y en ellos es donde se van a situar muchos servicios, por lo que el mejor consejo que se le puede dar a los propietarios es que contraten cuanto antes a profesionales acreditados y que, si ya tenían problemas con la TDT, que aprovechen ahora para hacer todos los cambios oportunos”.

Las personas interesadas en obtener más información pueden contactar con el Colegio de Administradores de Fincas en la calle Bethencourt Alfonso número 33 o en el 922 28 95 55.

las cifras

450 euros es el coste medio que tendrá la adaptación de la antena y la resintonización y aún no está claro si el Gobierno va asumirá parte de los gastos o correrán íntegramente a cargo de los propietarios.

52.400 comunidades de propietarios tendrán que adaptar sus antenas antes de que empiece 2015.

Fuente: Periódico El Día

 

Los vecinos deben costear el cambio de antenas para ver la TDT sin saber cuándo cobrarán

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Las comunidades de residentes sólo tienen tres meses para adecuar los dispositivos ante el nuevo apagón de la televisión digital terrestre

 

Las comunidades de vecinos tendrán que darse prisa en renovar las antenas de sus edificios si no quieren que sus televisores dejen de sintonizar buena parte de los canales actuales, puesto que el Gobierno central ha programado para dentro de tres meses un nuevo ‘apagón’ de la televisión digital terrestre (TDT).

Concretamente, y por mandato de la Unión Europea, el Ejecutivo tiene que liberar antes del 1 de enero la banda de 800 megahercios (MHz) utilizada hasta ahora por una parte importante de los canales TDT, ya que a partir de 2015 será la tecnología 4G de las compañías de telefonía móvil la que haga uso de ella.

Por tanto, para poder seguir disfrutando de la televisión gratuita, las comunidades de propietarios deberán contactar con las empresas autorizadas, acometer las tareas de actualización de las antenas, abonar todos los gastos derivados y esperar a que el Gobierno central, a través del Ministerio de Industria, abra la vía de subvenciones aprobada por el Consejo de Ministros que, con 290 millones de euros, pretende financiar la mayor parte del coste de la renovación. En función de los dispositivos el coste puede rondar entre los 250 y los 600 euros, aproximadamente.

Sin embargo, y por ahora, los vecinos únicamente pueden solicitar a las empresas el presupuesto del coste de la actualización de sus dispositivos, puesto que todavía está pendiente que el Gobierno ponga en marcha en la Comunitat el denominado sistema Simulcast, que permite las emisiones simultáneas y evita que los inmuebles que actualicen sus antenas antes de final de año se queden sin canales hasta el próximo 1 de enero.

A partir del momento en el que se ponga en marcha este sistema simultáneo (previsto para dentro de una semana, aproximadamente), los técnicos de las empresas autorizadas podrán acometer los cambios en los dispositivos sin miedo a perder canales. Sin embargo, como admite el presidente de la Asociación Valenciana de Instaladores de Telecomunicaciones (Avitel), Fernando Huerva, «se va a registrar una avalancha y la demanda va a superar a la oferta». Sobre ello, este portavoz lamentó que el Ejecutivo haya esperado hasta el último momento para impulsar la actuación. «Teníamos tres años y se han esperado a los últimos tres meses», añadió.

Además de la premura en los plazos, los vecinos deberán cumplir a rajatabla los requisitos marcados por el Gobierno para poder optar a las subvención estatal del proyecto. Así, tendrán que contactar únicamente con empresas homologadas, contar con un boletín de instalación donde se detallen cada una de las actualizaciones desarrolladas en los dispositivos y hasta demostrar, mediante procedimiento bancario, que han abonado el pago a la compañía instaladora.

www.lasprovincias.es

 

La Ley de Servicios y Colegios Profesionales y la administración de fincas

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Ocho de cada diez viviendas españolas están gestionadas por profesionales colegiados.

El espacio íntimo, ése, que solo reservamos a nuestros familiares y amigos más cercanos es tan bien ese espacio en el que la profesionalidad se deja sentir. Sí hablamos de reformas en nuestra vivienda, recurriros inevitablemente a profesionales, pues, precisamente esa profesionalidad es la que ha llevado a los administradores de fincas, a ser una pieza cada vez más indispensable en nuestro espacio íntimo.

El trabajo de los administradores de fincas es hoy en día, y sobre todo en este contexto de crisis, necesario y resolutivo, ya que gracias a este se ha podido gestionar con solvencia las obligaciones exigibles al sector inmobiliario conforme a la nueva normativa vigente, logrando que los propietarios disfruten de unas garantías básicas sobre sus derechos.

A pesar de estar reconocida su profesionalidad, hay quien considera que en su labor profesional puede abrirse una puerta, que permita la entrada a la administración de fincas – y a otros sectores profesionales- de sujetos que puedan llevar a cabo el desarrollo de esta profesión de manera superficial, tirando por tierra, el trabajo consolidado de miles de profesionales colegiados que a lo largo del tiempo han conseguido que su buen hacer y profesionalidad no quede en entredicho.

Por ello, la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales, no puede nacer amparando el intrusismo en los servicios profesionales, porque sería considerar la profesionalidad y el buen hacer de tantos profesionales como un hecho decorativo, y no como una razón de ser de aquellos que dedican su vida laboral a la transformación de los problemas en soluciones factibles para la ciudadanía.

Una ley contraria a poner en valor los méritos profesionales, es una ley que surge del desconocimiento de las demandas de esos sectores que buscan legitimar su labor, con consecuencias positivas, para conseguir construir una sociedad más justa y solidaria para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Precisamente, la construcción debe ser sostenible y debe seguir garantizando la viabilidad de un sector gravemente mermado por la situación de crisis en nuestro país y que necesita de medidas que busquen en la profesionalidad de todos los que están relacionados con la construcción, una reconstrucción viable del mismo.

Inexcusablemente por este motivo, una Ley de Servicios y Colegios Profesionales no puede ver la luz, dando la espalda a esa profesionalidad concreta que hoy exige la ciudadanía a todos aquellos, que tienen vocación del servicio hacía los demás, ya sea desde el ámbito público o privado.

Por consiguiente, sí la profesionalidad se compra y es adquirida para un ámbito tan personal como es nuestra vivienda, ¿vamos a permitir que esa profesionalidad quede relegada a un segundo lugar? La respuesta es no, porque la política está para corregir y mejorar los errores, no para ser parte de ese problema, que aunque venga legitimada por una mayoría parlamentaria, nunca debe ir en contra de una voluntad profesional, que busca querer enmendar los errores para garantizar y aumentar los derechos de una ciudadanía, que cada vez más demanda en su ámbito personal, la profesionalidad y cometido de una carrera con clara vocación de servicio a la ciudadanía.

Por ello, desde el Parlamento de Andalucía, se ha tenido la posibilidad de acercarse a la labor y profesionalidad de este sector. Distintas iniciativas han permitido conocer la labor de los colegios profesionales, una profesionalidad que se pone de manifiesto a través de las cifras, cuando el propio Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, manifiesta que su actividad transcurre por el camino correcto, al hablar de que ocho de cada diez viviendas españolas están gestionadas por profesionales colegiados.

Por lo que, se puede extraer la conclusión, que sí el público compra el producto, es porque lo considera útil, mereciendo nuestro apoyo y reconocimiento, a esos servicios que se prestan desde la cercanía y con la complicidad de la confianza que generan unos buenos profesionales.

Fuente: Remedios Martel Gómez, Secretaria Tercera del Parlamento de Andalucía

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas rechaza la ocupación de terrazas para antenas

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Los administradores de fincas colegiados se ponen a disposición de los ciudadanos para defender su propiedad y su salud.

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife quiere expresar su rechazo a la nueva Ley de Telecomunicaciones, en vigor desde el pasado 9 de mayo, porque permite la expropiación forzosa de cubiertas y terrados de edificios por las operadoras de telefonía, elude el principio de precaución sobre la salud pública y no tiene en cuenta los posibles daños a la propiedad.

En el Capítulo II, sección 2ª, artículos 29 a 33, de la cita ley, se da carta blanca a los operadores para que puedan disponer de estos espacios privativos sin que tengan que obtener licencias de obras ni realizar estudios de impacto ambiental, que sí eran necesarios con la anterior normativa. Solo se requiere un plan de despliegue o instalación de red en la zona que posibilite el permiso del Ministerio de Industria para colocar la antena en la azotea elegida por la operadora.

Según los expertos consultados, si se produce la expropiación de la cubierta, elemento común por naturaleza, sería necesario un cambio del título constitutivo incompatible con los enunciados de la Ley de Propiedad Horizontal. Estas lagunas legales, no previstas por la nueva Ley, posibilitarían el que la comunidad de propietarios se oponga a la instalación alegando razones de imprevisión que chocan con los enunciados de la Ley de  Propiedad Horizontal.

Por otra parte, los administradores de fincas colegiados consideran que la nueva norma no recoge el Principio de Precaución establecido en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, donde se establece que “la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran”. En un tema de salud pública tan controvertido como es la instalación de antenas de telefonía en los edificios, no se entiende que la nueva Ley de Telecomunicaciones no restringa su instalación ni regule el potencial peligro que puede comportar para la salud de los ciudadanos.

La nueva Ley de Telecomunicaciones tampoco valora otro riesgo que asumen los propietarios, que es el sobrepeso para la estructura del inmueble y que conducirá a un deterioro de todo el edificio, además de los perjuicios para los propietarios de las viviendas más cercanas al cableado eléctrico, que verían cómo su inmueble se deprecia.

Por todo ello, el Consejo General de los Administradores de Fincas de España ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo, por entender que viola el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos españoles.

En palabras de la experta Ana Bozalongo, miembro de la Comisión de Legislación y Mediación del Consejo General, “no debería bastar con la mera declaración formal de utilidad pública o interés social para llevar a cabo la privación coactiva de un elemento común del edificio. La utilidad pública no es una caja de pandora que sirva para privar a los copropietarios del terrado de su finca sin atender, siquiera, al espacio de ocupación que resultaría tolerable, es decir, el uso mínimo sin pérdida absoluta de la propiedad”.

Ante lo expuesto, los administradores de fincas colegiados informan de que están a disposición de todos los ciudadanos para que la aplicación de esta nueva Ley de Telecomunicaciones se lleve a efecto con el máximo rigor y respeto a la propiedad privada.

Fuente: www.universocanario.com

Miles de recibos, devueltos por un problema con la normativa europea

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La normativa bancaria europea puesta en marcha en febrero está teniendo numerosos problemas de implantación.

Si a usted le ha llegado un recibo devuelto en las últimas semanas a pesar de tener saldo suficiente en su cuenta corriente para saldarlo, no se asuste, no es el único. Miles de recibos en toda España han sido devueltos desde que en febrero de este año se instaurara la llamada normativa Sepa (Single Euro Payments Área por sus siglas en inglés). Hay empleados de banca que hablan incluso de recibos que se devuelven solos o que a pesar de ser emitidos nunca llegan a entrar al sistema.

Nadie sabe muy bien si se trata de un problema imputable a los clientes, a las entidades o a que la migración de la normativa anterior a la nueva no ha ido tan bien como debería.

Lo que sí admiten tanto trabajadores de las entidades bancarias como otros profesionales que trabajan habitualmente con recibos, como los administradores de fincas, es que la normativa Sepa es mucho más complicada que la anterior.

Los administradores de fincas están sufriendo especialmente esta problemática porque muchos de los recibos devueltos corresponden con las cuotas de las comunidades de propietarios que gestionan. “Estamos soportando un trabajo añadido al que ya teníamos”, explica David Revilla, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, que apunta que estos problemas se están generando con cuentas bancarias que en su día se abrieron en entidades que hoy ya no existen.

Es un error imputable al titular de la cuenta y por eso los bancos están cobrando los recargos y otros gastos derivados a los clientes”, afirma Revilla. Las comisiones bancarias de la devolución se cargan a la cuenta de la comunidad de propietarios y es el administrador quien se lo computa al propietario, apunta otro administrador.

Sin embargo, la Unión de Consumidores y Usuarios de Aragón (UCA-Aragón) opina sobre este particular que en esta situación son “corresponsables” entidades bancarias, administradores y particulares por lo que no solo estos últimos tienen que hacer frente a los pagos.

Estas dificultades de implantación de la normativa Sepa ha generado problemas en toda España. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Logroño giró dos veces a principios de este mes el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) a unos 200 ciudadanos y tuvo que ordenar su inmediato reembolso.

Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), en un artículo publicado en su revista digital ‘La economía de los consumidores’, afirma que las devoluciones de recibos se deben a que las entidades financieras “no han hecho sus deberes” e indican que estas “han dejado que el tiempo pase sin adaptar su operativa, restándole importancia a un cambio fundamental como es este”.

Fuente: www.heraldo.es

Cuotas comunitarias, impagos del nuevo vecino: el banco

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Hace unos días, en la entrada de mi edificio se colocaba una circular informativa que anunciaba el señalamiento de la junta general ordinaria, fecha, hora de las convocatorias y, cómo no, orden del día, o más bien y a la vista de las circunstancias, desglose pormenorizado de los temas de discusión, destacándose entre ellos: “Estudio y aprobación, en su caso, de la deuda que mantienen con la comunidad los propietarios morosos por impago de cuotas comunitarias, a los efectos de proceder a su reclamación judicial”.

Sorprendida me quedé, tenía conocimiento del desalojo de varias viviendas, pero desconocía si éstas habían sido vendidas o adjudicadas en ejecución hipotecaria, quiénes eran los nuevos propietarios, y mucho más aún la situación de morosidad en la que se encontraba la comunidad.

Analizando el listado adjunto me percato de que contábamos con dos nuevos propietarios un tanto peculiares, algo sigilosos incluso: dos entidades bancarias de renombre son propietarias de diversos inmuebles como consecuencia de la adjudicación en subasta pública de las viviendas hipotecadas. Esto quiere decir que mis nuevos vecinos son las entidades hipotecantes que en su día cumplieron el sueño de varias familias, triste pero cierto.

En cuestión de horas, comienzan a escucharse comentarios entre vecinos pudiendo percatarme fácilmente del temor generalizado entre éstos. Llegan incluso a considerar que por el mero hecho de tratarse de una “entidad bancaria” no veríamos ni “un duro” de las cuotas comunitarias adeudadas.

Grave error, pensé, pues precisamente dicha condición nos facilitará la labor de cobro. Por regla general, el propietario moroso (particular) carece de ingresos o patrimonio embargable, por tanto obtendremos una resolución estimatoria, pero las probabilidades de cobro serán prácticamente nulas. Por el contrario, la entidad bancaria se encuentra en una situación de solvencia que impedirá ver frustrado ese derecho de crédito que ostenta la comunidad, primeramente porque la vivienda de la que es propietaria no se encuentra hipotecada y podrá solicitarse embargo y ejecución de la misma.

El proceso monitorio instado en reclamación de cuotas comunitarias contra entidades bancarias no presenta peculiaridades en comparación a aquel dirigido contra particulares. La competencia territorial de los tribunales corresponderá al lugar de ubicación de la vivienda y los requerimientos se efectuarán del mismo modo, pero atendiendo al domicilio social de la entidad.

Una vez iniciada la vía ejecutiva tras obtener una resolución estimatoria de las pretensiones, no sólo podremos hacer efectivo el crédito mediante el embargo del bien inmueble sino que, también, y a fin de obtener liquidez, podremos solicitar embargo de los depósitos de la entidad, por ejemplo, aquellos de los que disponga ésta en el Banco de España.

Recordemos que el 28 de junio de 2013 entró en vigor la Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Generación y Renovación Urbana, que modifica el artículo 9e) de la Ley de Propiedad Horizontal, introduce beneficios notables para la propia comunidad, pues anteriormente sólo se permitía reclamar aquellas deudas nacidas en el último año (adjudicación del bien) y en el año anterior, y la reforma amplía dicho plazo a los tres últimos años más el del ejercicio en curso.

Como es lógico, el mantenimiento de la comunidad de vecinos se sufraga con las aportaciones que los propios comuneros realizan mensualmente. De ahí la especial importancia que cobran las cuotas periódicas establecidas. Actualmente, los morosos financieros alcanzan el 19% de la mora, es decir, la morosidad de las entidades financieras ha subido de los 256 millones de euros en 2012 a los más de 341,62 millones según el último estudio de morosidad realizado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas y el Observatorio de las Comunidades de Propietarios.

Es irónico que se den este tipo de problemas con las entidades bancarias o financieras, comunidades de propietarios atravesando dificultades económicas fácilmente evitables pero cada vez más comunes, capaces de asumir la propiedad del bien inmueble cuando el propietario es incapaz de asumir el pago de la hipoteca, y al mismo tiempo, incapaces de afrontar las deudas comunitarias que se devenguen.

Llamativo, sí, pero, como bien dice el refrán: “Si quieres saber quién eres, pregúntale a tu vecino”.

Fuente: www.eldia.es

Un buen clima entre vecinos

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Crece el número de comunidades que delega la gestión de los servicios comunes y la vida diaria del edificio en los administradores de fincas.

Los administradores de fincas se han convertido en una figura fundamental dentro de las comunidades, tanto en las pequeñas, como (mucho más) en las grandes, con un elevado número de vecinos y un presupuesto anual que puede ser elevado en función de los servicios comunes. El principal motivo para la contratación de profesionales o empresas especializadas en el sector radica en la «falta de experiencia» de los vecinos es cuestiones administrativas y legales, cuando no, el problema principal es la falta de tiempo para dedicarse a dar solución a los problemas cotidianos de la comunidad. De ahí que convenga a los propietarios de los inmuebles saber cuáles son las principales obligaciones de los administradores de fincas.

Así, la creación de la figura de administradores de fincas surgió en 1968 con la creación del Colegio Nacional de Administradores de Fincas, que posteriormente se ramificó en delegaciones territoriales y provinciales. La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (1999) vino a poner orden en el sector y, sobre todo, a establecer las obligaciones y funciones de los administradores de fincas.

De esta forma, el administrador tiene que velar por el buen funcionamiento de las instalaciones y la puesta al día de los servicios. Es decir, que todas las prestaciones
de una comunidad de vecinos estén en perfecto funcionamiento, que los vecinos estén informados de la legalidad que afecta a sus inmuebles y, cómo no, también por que exista un clima de cordialidad entre los vecinos. Uno de los aspectos que más preocupa a los vecinos, con lógica, es el presupuesto y el cumplimiento económico y puntual con los proveedores, ya sea la contratación y suministro de luz y agua, combustible para la calefacción y todos aquellos servicios a los que obliga la ley en función del tamaño del edificio y de las prestaciones de las que se benefician los vecinos.

En cuanto a las reparaciones comunes, el administrador debe preocuparse por las obras que han de realizarse en las zonas comunes, asesorando a los vecinos, que le transmitirán dudas y necesidades planteadas en la comunidad.

En este sentido, también tendrán un importante papel asesor, por ejemplo, en el caso de la captación de subvenciones. Como ejemplo, la sustitución de ascensores o la supresión de barreras arquitectónicas.

Conforme a la ley y los estatutos de las comunidades, los administradores se encargan de convocar las juntas necesarias de manera ordinaria o extraordinaria para tratar asuntos puntuales. En estas reuniones, el profesional les informa de las situaciones legales, los asesora y se encarga de poner en práctica las decisiones tomadas en estos encuentros, básicos para resolver situaciones más o menos urgentes.

También es atribución de estos profesionales la custodia de los documentos. Porque los administradores tienen la obligación de custodiar los documentos de la comunidad, de carácter privado.

Es decir, que por un lado deben mantenerlos a buen recaudo. Por otro, se asegurarán de que ningún dato o información trascienda las reuniones o el archivo de los documentos internos del edificio de propietarios.

También ha de ejercer las funciones de secretario de la junta. El administrador de fincas debe asumir las funciones de secretario de las juntas que se organicen. Es decir, que debe dar fe de lo que allí ocurra y ponerlo por escrito en las actas de cada reunión.

En cuanto al campo de actuación, tal y como apunta el Consejo General español de administradores de fincas, el campo de actuación comprende todo el sector inmobiliario, bien se trate de inmuebles rústicos o urbanos, en régimen de explotación directa, arrendamiento, propiedad horizontal o cualquier otro; así como la administración de cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios para la construcción de sus viviendas, centros comerciales, campos y puertos deportivos, urbanizaciones con servicios, instalaciones y anejos comunes; entidades colaboradoras de la gestión urbanística y, en general, cuantos cometidos guarden relación con la administración de bienes inmuebles.

Sobre las garantías, independientemente de su formación, que en principio debería determinar una buena gestión, el administrador de fincas, a través de sus colegios, tiene concertado un seguro de responsabilidad civil en la que pudiera haber incurrido por omisión o negligencia en su actuación profesional y, en algunos colegios, otro seguro de caución para responder de su gestión económica.

Si bien la Ley de Propiedad Horizontal no obliga a los propietarios a contratar los servicios de un administrador, es cada vez más frecuente encontrar edificios que, por muy pequeños que sean, son gestionados por un administrador.

Reparación de zonas comunes

El administrador debe preocuparse por las obras que han de realizarse en las zonas comunes, asesorando a los vecinos, que antes le habrán transmitido las necesidades de la comunidad.

Materializar acuerdos

El administrador de fincas se encarga de convocar las juntas necesarias de manera ordinaria o extraordinaria para tratar asuntos puntuales. A continuación tendrá la labor de materializar los acuerdos a los que han llegado los vecinos, recogidos en las actas pertinentes.

Custodia de la documentación comunitaria

Los administradores tienen la obligación de custodiar los documentos de la comunidad, de carácter privado. Así, también servirá como archivo para la consulta de decisiones y situaciones anteriores.

Secretario en las juntas

El administrador de fincas debe asumir las funciones de secretario de las juntas que se organicen.

Asesoramiento

Una de las funciones más importantes de los administradores es el asesoramiento de todo tipo. Hay que tener en cuenta que los vecinos no tienen por qué contar con conocimientos técnicos en gestión, como tampoco han de disponer del tiempo necesario que la gestión de la comunidad exige.

Fuente: www.laopiniondezamora.es

 

Trabajo remite cartas a 600 comunidades de vecinos en busca de empleo sumergido

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La campaña, iniciada en Torremolinos, se extenderá a otras zonas costeras – Un 5% de comunidades dan de alta a trabajadores a raíz del requerimiento – Los administradores de fincas constatan que vecinos sin contrato hacen a veces el mantenimiento

La Inspección de Trabajo de Málaga ha activado un control entre las comunidades de vecinos para comprobar su adecuación a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y asegurarse de que las personas y empresas que realizan las tareas de obra y mantenimiento en estos edificios y urbanizaciones cuentan con su preceptivo contrato laboral y tienen todas las garantías de seguridad. La Inspección comenzó esta actividad en Torremolinos el pasado mes de septiembre y ha remitido ya unas 600 misivas –300 en 2013 y otras 300 en este 2014– a comunidades de propietarios de esta localidad para conocer su situación, según explicó a este periódico el responsable de la Inspección, Alfonso Conejo.

Alrededor de un 5% ha contestado presentando el alta laboral ante la Seguridad Social de algún trabajador del que no había constancia, lo que se entiende en la Inspección como la regularización de una situación que hasta este momento era anómala.

El resto, o bien ha acreditado los contratos con las personas o empresas externas que desarrollan estas tareas o ha informado de que los trabajos son realizados por los propios vecinos debido al pequeño tamaño del edificio y recinto comunal.

También hay un porcentaje de comunidades que aún no han contestado o que no han recibido la notificación por estar mal censadas, lo que ha obligado a la Inspección a reenviar el requerimiento, explicó Conejo.

El control de la Inspección, no obstante, responde a una criba previa, ya que se está excluyendo del envío de estas misivas a las comunidades de vecinos que sí aparecen inscritas en la Seguridad Social. Se entiende que en estos casos, la inscripción revela que la comunidad está asumiendo su condición de empresaria, y tiene regularizadas a las personas que les hacen las tareas.

«No es que sea una campaña específica en el programa anual de la Inspección, pero sí es una actividad que se ha iniciado ante la sospecha de que existe una bolsa de fraude asociada a este segmento. Y hemos empezado por Torremolinos porque hemos visto que era una de las localidades donde había más diferencia entre el número de comunidades y las que realmente están inscritas en la Seguridad Social», apuntó.

La idea es, cuando se termine de peinar Torremolinos, seguir por otras localidades costeras, entre ellas también Málaga capital y su área metropolitana. En todo caso, será una actuación a largo plazo, debido a los limitados recursos con que cuenta la Inspección.

Apoyo de los administradores

Por su parte, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Fernando Pastor, aplaude la iniciativa de la Inspección, que previamente les consultó acerca de la coyuntura que atraviesan las comunidades.

«Al margen del empleo sumergido que aflore, lo importante es que este control concienciará a las comunidades para tener todo en regla», apuntó. Desde un punto de vista corporativo, Pastor dijo que esta iniciativa evitará además el «intrusismo» en el sector por parte de firmas «piratas» que ofertan servicios a las comunidades sin dar a sus trabajadores de alta.

Uno de los problemas de fondo, según recordó, es que las comunidades de propietarios sufren unas elevadas tasas de morosidad por parte de vecinos y bancos, lo que les ha originado un agujero económico de unos 74 millones de euros en toda la provincia, según un reciente estudio publicado por el Colegio de Administradores de Fincas.

Ante esta situación, muchas comunidades se han decantado por el autoempleo de vecinos morosos y en paro a la hora de realizar las tareas de limpieza, mantenimiento o jardinería. Se calcula que en torno al 20% de comunidades usan este recurso aunque, en algunos casos, sin regularizarlo.

«En muchos casos son los propios vecinos morosos los que se ofrecen hacer estos trabajos para saldar la deuda, pero sin que se firme contrato. Y por ley una comunidad tiene las mismas obligaciones que una empresa. Una cosa es que haya una comunidad de pequeño tamaño donde los vecinos acuerdan limpiar por turnos la escalera y otra que haya un vecino que hace regularmente tareas de pintura o cuidado del jardín. En este caso hay que hacer un contrato», comenta.

Las personas que trabajan al cuidado de un bloque o de una urbanización realizan además labores mantenimiento eléctrico o poda de árboles, con el riesgo de trabajar en zonas peligrosas o elevadas.

Precisamente este intrusismo, que a veces se da por el desconocimiento vecinal de las normas, ha originado quejas y denuncias de empresas de limpieza y mantenimiento que también están en el origen de esta campaña de la Inspección de Trabajo de Málaga para poner coto a este empleo sumergido.

Fuente: www.laopiniondemalaga.es